ARQUITECNICA RUZAFA

DECRETO 66/2009 PLAN AUTONOMICO DE VIVIENDA C.V. AYUDAS REHABILITACIÓN

2009-05-31T23:47:42+01:00

Tras la aprobación del nuevo "Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012", aprobado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, publicado en el BOE del 24 de diciembre, la Generalitat Valenciana ha aprobado mediante el Decreto 66/2009, el Plan Autonómico de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, para este mismo periodo. El decreto 66/2009 marca las directrices para las cuantías de las ayudas para rehabilitación en el nuevo periodo 2009-2012. Vamos a repasar los artículos más importantes de este decreto: CAPÍTULO V ÁREAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN Artículo 15. Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) 1. La declaración de una zona como Área de Rehabilitación Integral (ARI), definida en el artículo 45 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se efectuará por la Dirección General competente en materia de vivienda. Previa solicitud, el Ayuntamiento o ente gestor interesado deberá presentar la documentación prevista en el artículo 48 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, acompañada de la programación de las actuaciones y los instrumentos previstos para la gestión, así como la aportación económica municipal prevista. 2. El Ayuntamiento participará en el Área mediante una aportación económica, que podrá destinar a gastos de gestión, coste de las obras de urbanización y ayudas complementarias. El importe mínimo de la aportación municipal será del 10% del presupuesto de las obras de urbanización. Artículo 16. Ayudas de la Generalitat para las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) La Generalitat podrá conceder subvenciones complementarias a las establecidas en el artículo 48.6 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 47 del citado Real Decreto, con cargo a sus Presupuestos, con las siguientes cuantías: 1. Para Áreas de Rehabilitación Integral de barrios degradados se establece una subvención por un importe máximo del 40% del presupuesto total de las obras de rehabilitación, con el límite de 5.000 euros por vivienda. 2. Para Áreas de centro histórico, centros urbanos y municipio rurales se establece una subvención por un importe máximo del 40% del presupuesto total de las obras, con el límite de 6.600 euros por vivienda. 3. Para las obras de urbanización y reurbanización de los espacios públicos incluidos en el ámbito de un Área de Rehabilitación Integral, la subvención será del 20% del presupuesto protegido de las obras, que no excederá del 30% x Módulo Básico Estatal x superficie de actuación. CAPÍTULO VI PLAN RENOVE Artículo 19. Rehabilitación de edificios y viviendas (Plan Renove) Los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir lo determinado por el artículo 57 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 2012, y complementariamente a las exigencias establecidas en el artículo 58 del citado Real Decreto, para obtener la calificación de actuación protegida, se establecen las siguientes condiciones: 1. Es condición necesaria previa a la concesión de calificación provisional, la realización del Informe de Conservación del Edificio, que determinará las actuaciones prioritarias de intervención en la rehabilitación. 2. Se deberá justificar que al menos el 70% de las viviendas del edificio a rehabilitar se destinan a residencia habitual y permanente de sus ocupantes. 3. La antigüedad del edificio será superior a veinticinco años, salvo en los supuestos de obras para facilitar la accesibilidad, donde no se requiere antigüedad mínima. 4. Se deberá garantizar el itinerario practicable en cualquier actuación de accesibilidad, en función de las condiciones del edificio. 5. No estar en un supuesto de ruina económica, salvo lo dispuesto para edificios protegidos. Artículo 20. Ayudas de la Generalitat para la rehabilitación de edificios y viviendas La Generalitat concederá subvenciones complementarias a las establecidas en los artículos 60 y 61 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con cargo a sus Presupuestos, con las siguientes cuantías: 1. Una subvención de carácter objetivo a las comunidades de propietarios, que se establece en un 20% del presupuesto protegido, con el límite de 3.500 euros por vivienda. 2. Estas ayudas objetivas se podrán complementar con ayudas personales cuando no se tenga en propiedad ninguna vivienda con algún régimen de protección pública y el importe de la parte proporcional del presupuesto protegido por vivienda sea superior a 1.000 euros, atendiendo al nivel de ingresos de los usuarios de las viviendas promotores de la rehabilitación: a) Cuando los ingresos familiares no excedan de 4,5 veces el IPREM, la cuantía máxima de la subvención será del 10% del presupuesto protegido, con el límite de 1.000 euros. b) Cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM, la cuantía máxima de la subvención será del 20% del presupuesto protegido, con el límite de 2.000 euros. 3. Accesibilidad y adaptación de viviendas: Cuando se trate de obras de mejora de la accesibilidad y adaptación de la vivienda, la cuantía máxima de la subvención será del 25% del presupuesto protegido, con el límite de 3.400 euros por vivienda. Esta ayuda se destinará a personas con discapacidad motora, sensorial o mayores de 65 años, y en todo caso a familias en las que alguno de sus miembros sea una persona con reconocimiento de dependencia en alguno de sus grados y niveles con arreglo a la Ley 39/2006 , de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

2009-03-24T19:35:05+01:00

Vamos a ver en este articulo como el sector de la rehabilitación crece a un ritmo muy superior a años anteriores.

El subsector gana fuerza como motor económico alternativo ante la caída de la obra nueva

Actualmente existe en España un parque edificado de 25 millones de viviendas; de ellas, la mitad supera los 30 años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los 50 años
Las distintas patronales inmobiliarias coinciden en señalar que en 2009 la construcción de nuevas viviendas no logrará alcanzar siquiera la cota de las 150.000 nuevas viviendas
Ante estos datos, la Administración está apostado por impulsar la rehabilitación para suavizar la actual crisis del sector de la construcción

Obra de rehabilitación: Es obra mayor que, a diferencia de la obra de nueva planta, no da lugar a la construcción de un nuevo edificio sino que se actúa sobre los ya construidos todo ello con independencia de que haya habido o no demoliciones parciales. Puede ser de dos tipos:

Obra de ampliación: Cuando se aumenta la superficie ya construida incorporando nuevos elementos estructurales. Este incremento puede realizarse de forma vertical sin aumentar la superficie ocupada sobre el terreno (Ej. añadiendo una nueva planta) o bien horizontalmente, y en tal caso sí existe superficie a añadir en el terreno.
Obra de reforma y/o restauración: Cuando no varía la superficie construida pero el edificio sufre modificaciones que afectan a algún elemento estructural o bien se implanta alguna dotación previamente inexistente.

Hasta hace un par de años, de rehabilitación se hablaba más bien poco. La bonanza económica vivida en España en el último decenio propició la construcción de muchas nuevas viviendas -negocio mucho más lucrativo-, mientras que la rehabilitación quedó en un segundo plano, al menos en el ámbito privado. Es por este motivo que el presente texto empieza citando la definición que el Ministerio de Fomento hace del concepto obra de rehabilitación.

Ahora, la situación ha dado un giro de 360 grados. Las distintas patronales inmobiliarias coinciden en señalar que en 2009 la construcción de nuevas viviendas no logrará alcanzar siquiera la cota de las 150.000 nuevas viviendas, un mínimo histórico lejos de los récords registrados en años anteriores (con un máximo de casi un millón en 2006, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos), con el consiguiente efecto en el empleo. El descenso supondrá repetir el desplome que ya se registró en 2008, cuando se empezaron a construir 252.916 nuevos pisos, un 58% menos en relación a 2007, y la menor cifra desde 1993.

Mientras la obra nueva pierde peso, la rehabilitación no hace más que ganar protagonismo gracias, en gran medida, al esfuerzo que están realizando las distintas administraciones para impulsar este subsector. Es evidente que con la rehabilitación el sector de la construcción no recuperará el gran crecimiento registrado en los últimos años, pero sí puede ser un factor clave para ayudar a la construcción a superar la actual situación económica del sector.

Un gran potencial de crecimiento

Existen tres grandes actividades de rehabilitación: la rehabilitación de edificios en uso, la rehabilitación promotora (que es la que más dinamiza el sector pero tiene el problema de estar ligada con los ciclos económicos) y la rehabilitación de obra pública patrimonial (cuya actividad es más constante). De las tres, la que está ganando protagonismo es la primera.

Según datos del Ministerio de Vivienda, actualmente existe en España un parque edificado de 25 millones de viviendas. De ellas, la mitad supera los 30 años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los 50 años. Aunque en la Unión Europea la rehabilitación representa una parte muy importante del total del sector de la construcción, llegando en 2007 al 41%, en España este porcentaje no supera el 24%. La diferencia es mayor si la comparación se realiza con los países europeos más avanzados. Por ejemplo, en Alemania, las obras en edificios existentes representan un 62% y la nueva construcción algo más del 37%. Por tanto, la rehabilitación tiene en España un enorme potencial de crecimiento.

Al entender del Ministerio de Vivienda, “el fomento de la rehabilitación no sólo es una buena política de vivienda, sino que también es una componente estructural de la política económica, social y ambiental, ya que aporta significativos beneficios en los tres planos y ayuda al cambio hacia un desarrollo económico más sostenible”. En este sentido, la rehabilitación cumple dos funciones. Una coyuntural, de reactivación de la construcción residencial y de mantenimiento del empleo y otra estructural, de reconversión del sector hacia una mayor sostenibilidad y eficiencia, homologándonos con los países europeos más avanzados.

Los planes del Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, está llevando a cabo dos importantes líneas de actuación para el fomento y el desarrollo de la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos. Por un lado, el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo destina 110 millones de euros a financiar actuaciones de rehabilitación en viviendas y espacios urbanos en todo el territorio nacional, cuya distribución se aprueba en este mismo Consejo de Ministros. Y por otro, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2013, aprobado en diciembre, en el que se incluyen ayudas para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas y la rehabilitación integrada y renovación en barrios degradados, centros históricos, centros urbanos y municipios rurales.

Según el Ministerio, el objetivo es rehabilitar 470.000 viviendas en cuatro años. Para ello, se destinarán 2.000 millones de euros en subvenciones directas, a lo que hay que añadir la financiación adicional ofrecida a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En cuanto al impacto estimado, atendiendo sólo a los efectos de la financiación pública (es decir, sin tener en cuenta la movilización complementaria de recursos privados), el Gobierno prevé que el Plan Estatal generará una producción efectiva de 4.200 millones de euros y que se crearán en torno a 100.000 empleos, pudiendo alcanzarse los 300.000 si se tienen en cuenta los recursos privados movilizados.

Con su actual política de impulso a la rehabilitación, la Administración pretende un cambio desde un modelo de construcción extensivo, que es el que predomina ahora, a uno intensivo, que no consume suelo, necesita en muchas ocasiones casi de tanto material como la nueva construcción, lo que alivia la situación de las industrias auxiliares, y genera empleo. Además, el modelo intensivo resulta más sostenible, más innovador y más activo en la lucha contra el cambio climático.

Colaboración entre administraciones

El Ministerio va a trabajar codo con codo con las Comunidades y Ciudades Autónomas financiando programas de Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y de Áreas de Renovación Urbana (ARU).

En el caso de los ARI, el Ministerio subvencionará hasta el 40% del presupuesto de las obras rehabilitación de viviendas y edificios y superación de situaciones de infravivienda y hasta el 20% del coste de la urbanización y reurbanización en el espacio público del área a rehabilitar. Estos porcentajes son del 50% y del 30% respectivamente si se encuentra en un centro histórico o municipio rural.

En cuanto a los ARU, las subvenciones estatales serán de hasta un 35% del coste de la demolición de los edificios existentes y la construcción de las nuevas viviendas protegidas. Esta subvención puede llegar a los 30.000 euros por vivienda. Además, el Ministerio financia hasta un 40% del presupuesto de las obras de urbanización y da una ayuda media de 4.500 euros anuales durante un máximo de cuatro años por cada familia a realojar.

En la misma línea y en colaboración con las demás administraciones, se pretendes erradicar la infravivienda y el chabolismo que aún persisten en algunas grandes ciudades, con los consecuentes riesgos de exclusión social, inseguridad, hacinamiento de sus moradores e insalubridad. Por eso, el Gobierno ha creado un programa específico con ayudas de hasta 3.000 euros anuales durante un máximo de cuatro años para realojar a sus habitantes en viviendas de alquiler. A través de este programa se financia hasta el 50% de la renta mensual de cada familia.

A todos estos programas, se suman las ayudas Renove a la rehabilitación aislada de edificios y viviendas dirigida a mejorar su eficiencia energética, higiene, salud, accesibilidad…

También hay que tener en cuenta que cada Comunidad Autónoma y cada gran ciudad poseen también sus propios planes de rehabilitación. Un buen ejemplo sería Cataluña que posee, entre otros planes, la llamada Ley de Barrios (consultar apartado “+ información&rdquo y el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016, que destina 1.449 millones de euros a actividades de rehabilitación para mejorar la calidad del parque de viviendas

De la teoría a la práctica

Pese a los esfuerzos del Gobierno, son muchos los que dudan que realmente los planes e iniciativas antes citadas tengan los efectos deseados aunque en general se valora la buena intención y el empeño de las distintas administraciones. Y es que ya se sabe: sobre el papel las cosas son siempre más fáciles y perfectas que cuando se llevan a la práctica.

Las principales dudas giran entorno la capacidad de dichos planes de generar la cantidad de empleo que está proyectado. Todo depende de en qué se acabe invirtiendo finalmente el dinero así que habrá que ver dónde y cómo se actúa para determinar si finalmente la rehabilitación consigue ejercer de motor para impulsar de nuevo la actividad del sector de la construcción.

NUEVA ORDENANZA DE LICENCIAS DE OBRAS MENORES EN VALENCIA

2009-03-03T20:00:09+01:00

Se acaba de aprobar en el mes de Febrero una nueva ordenanza de Licencias de Obras Menores en Valencia en la que se regula la tramitación de éstas tanto para rehabilitación de fachadas como en interior de viviendas. En esta nueva ordenanza se incorpora la obligación de designar dirección técnica a las obras y de exigir certificados visados por técnicos competentes en varios supuestos que se exponen en este resumen de los artículos mas destacados de la ordenanza.

El motivo de esta nueva ordenanza es establecer una normativa que regule la tramitación de los procedimientos para la concesión de licencias de obra menor, distinguiendo, a su vez, la distinta entidad que dichas obras pueden tener dependiendo de los trabajos a realizar, para lo cual la Ordenanza establece una tipología de las obras menores.

En ese sentido, para las obras de escasa entidad que el texto precisa se seguirá un procedimiento de actuaciones comunicadas, y ello por cuanto, en buena lógica, no deben someterse al cumplimiento de idénticos requisitos que el resto.

El establecimiento del referido procedimiento de actuaciones comunicadas, cuya aplicación ya se ha desarrollado en otras ciudades con buenos resultados, forma parte de la pretensión de agilización de trámites administrativos, sin por supuesto restar eficacia a los actos que derivan de dichos trámites. Así y respecto de esas obras menores de escasa entidad, que son muchas en número, se consigue que su resolución, por un lado, no se prolongue en el tiempo para el interesado, ni se ralentice, por otro lado, el trabajo de la Administración.

OBJETO DE LA ORDENANZA

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico a que debe someterse el otorgamiento de licencias para la realización de obras menores en inmuebles, construcciones, instalaciones, solares o parcelas sitas en el término municipal de Valencia, así como la regulación de las ocupaciones de la vía pública que se realizan con motivo de obras.

Artículo 2. Concepto de obra menor.

1.- Son obras menores todas aquellas que, por razón de su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, puedan ser consideradas como tales, incluidas las de modificación de la disposición interior de los edificios. A tal efecto y con carácter meramente enunciativo, el Anexo I de la presente Ordenanza establece la tipología o supuestos de obra menor.

2.- No se consideran obras menores aquellas que impliquen modificación de usos.

3.- En ningún caso, las obras menores supondrán alteración de volumen o superficie construida, reestructuración, modificación sustancial de elementos arquitectónicos o comunes de un inmueble, del número de viviendas o locales que fueron autorizados por la licencia originaria del edificio, ni afectarán a la estructura (pilares, vigas, etc.), o al diseño exterior ni mermarán las condiciones de habitabilidad o seguridad en el edificio o instalación.

Artículo 5.- Obligaciones derivadas de las licencias de obras.

Sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan establecerse en la propia licencia de obra menor atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, los titulares de las licencias estarán obligados a:

a) Iniciar, concluir y no interrumpir las obras dentro de los plazos determinados en la licencia o, en su defecto, en 6, 24 y 6 meses, respectivamente.

b) Ajustar la ejecución de las obras al proyecto autorizado mediante licencia, presentando, en su caso, las correspondientes modificaciones al mismo.

c) Adoptar todas las medidas de seguridad y salud laboral establecidas en la normativa vigente, tanto respecto a la edificación como a la vía pública, y ello con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas y de las cosas durante la ejecución de las obras.

d) Será responsabilidad del titular de la licencia todo daño personal o material que, como consecuencia de la ejecución de las obras, pudiera producirse.

e) Respetar los accesos a la propiedad con la debida seguridad para los usuarios.

f) Retirar en un plazo no superior a 5 días desde la terminación de la obra los materiales sobrantes, Andamios, vallas, etc...

g) Abonar las exacciones municipales derivadas de la solicitud formulada por el interesado y/o de su otorgamiento, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes Ordenanzas Fiscales.

h) Tener a disposición de los servicios municipales el documento de la licencia concedida o el impreso conteniendo la comunicación con la diligencia de “conforme”.

i) Facilitar el acceso a los funcionarios municipales al objeto de poder inspeccionar y comprobar la obra en curso de ejecución o ya ejecutada.

Artículo 6.- Caducidad y prórroga de las licencias.

1.- Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las obras amparadas por las mismas en el plazo fijado en la correspondiente licencia o, en su defecto, en el de 6 meses.

b) Cuando las obras fueran interrumpidas durante un plazo superior a 6 meses, salvo causa no imputable al titular de la licencia.

c) Cuando no se finalice la ejecución de las obras en el plazo determinado en la licencia o, en su defecto, en el de 24 meses.

2.- Por causa justificada, y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de las licencias por tiempo no superior al inicialmente acordado, siempre que se solicite antes del vencimiento del plazo de que se trate.

3.- La caducidad se producirá por el mero transcurso de los plazos señalados, incrementados, en su caso, con la prórroga que se hubiera concedido, y se declarará mediante resolución expresa del órgano municipal competente, previa audiencia del interesado, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable.

Artículo 7.- Concurrencia con otros instrumentos de intervención administrativa.

2.- Cuando las obras menores estén vinculadas al inicio de nuevas actividades sujetas a algún instrumento de intervención ambiental, la solicitud de licencia de obras menores se tramitará conjuntamente y se resolverá en unidad de acto con la licencia o comunicación ambiental.

Artículo 9.- Solicitud y documentación. Normas generales.

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

1.- El procedimiento ordinario se iniciará mediante solicitud que se formulará de acuerdo con los modelos normalizados que facilitará la Administración Municipal, y se presentará en cualquiera de los Registros municipales, preferentemente en la Junta Municipal de Distrito que corresponda según el emplazamiento del inmueble en el que vayan a efectuarse las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Para la presentación de solicitudes se tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar medios electrónicos, informáticos y telemáticos de los que disponga el Ayuntamiento de Valencia para relacionarse con los ciudadanos, de acuerdo con las medidas que a tal efecto se establezcan en el marco de la normativa vigente.

2.- La solicitud se ha de acompañar de la documentación específica que, para cada tipo de obra, se relaciona en los artículos siguientes.

Con carácter general, toda solicitud de licencia de obra que implique anclaje a pavimento, en acera o en calzada, deberá acompañarse de unas fotografías del mismo anteriores a la ejecución de la obra, comprometiéndose el solicitante de la licencia a entregar el pavimento en las mismas condiciones que estaba antes de la realización de los trabajos. Todo ello sin perjuicio de que el técnico municipal, a la vista de la documentación presentada, estime conveniente que se complete la misma con la aportación de nuevos datos o documentos.

3.- Para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

4.- Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos por la legislación aplicable o por la presente Ordenanza, se requerirá por una sola vez al solicitante de la licencia para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición y se procederá al archivo de las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92.

Artículo 10.- Documentación específica para obras de conservación y mantenimiento de fachadas y medianeras.

1.- Las solicitudes de obras de conservación y mantenimiento de fachadas y medianeras deberán acompañar la siguiente documentación:

1.- Proyecto básico visado por el colegio profesional.

2.- Presupuesto desglosado y total (indicando detalle del IVA.).

3.- Plano de emplazamiento.

4.- Documento en el que conste referencia catastral del inmueble.

5.- Fotografía de la fachada (en color), tamaño 13x18.

6.- Propuesta cromática que se proyecta para la fachada.

7.- Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la tasa correspondiente.

8.- Estudio o estudio básico de seguridad y salud o certificación colegial acreditativa de su disponibilidad.

9.- Designación de dirección técnica de las obras.

2.- En el supuesto de que la obra precisara la instalación de un andamio, se incluirá, además, la documentación precisa para su autorización, establecida en el artículo 33 de la presente Ordenanza, y se resolverá conjuntamente, en unidad de acto, la solicitud de obra y de ocupación de la vía pública.

3.- Asimismo, cuando resulte preceptivo, se requerirá la documentación precisa que determine la legislación autonómica vigente en materia de patrimonio cultural.

Artículo 11.- Documentación para obras de acondicionamiento menor en viviendas y locales y otras obras menores.

1.- Las solicitudes de obras de acondicionamiento menor en viviendas y locales y otras obras menores deberán acompañar la siguiente documentación:

1.- Memoria descriptiva de las obras a realizar.

2.- Presupuesto desglosado y total (indicando detalle del IVA.).

3.- Plano de emplazamiento.

4.- Documento en el que conste referencia catastral del inmueble.

5.- Si se efectúa superposición de pavimento: certificado de seguridad, firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

6.- Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso previo de la tasa correspondiente.

7.- En caso de que la obra afecte a la distribución de espacios interiores, deberá justificarse la adecuación de la obra a las normas urbanísticas y normas de habitabilidad y diseño y garantizar que la misma no afecta a la seguridad estructural del inmueble. Para ello la memoria descriptiva de la obra a realizar estará suscrita por técnico competente y visada por su colegio oficial, e incluirá certificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de habitabilidad y de que las obras no menoscaban la seguridad del inmueble.

8.- En su caso y tratándose de obras menores en locales, copia de la licencia o comunicación que autorice el ejercicio de la actividad.

2.- Asimismo, cuando resulte preceptivo, se requerirá la documentación precisa que determine la legislación autonómica vigente en materia de patrimonio cultural.

Artículo 14.- Dictamen de la Comisión Municipal de Patrimonio.

1.- Deberá recabarse dictamen de la Comisión Municipal de Patrimonio en aquellas obras menores que afecten parcialmente o en su totalidad al mantenimiento de la fachada o de elementos visibles desde la vía pública de edificaciones que, estando o no incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos, se ubiquen en las dos Áreas declaradas Bien Interés Cultural-Conjunto Histórico Protegido (Área Central y Cabanyal), por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano.

Sección Tercera: Terminación

Artículo 16.- Resolución.

1.-El plazo para resolver las solicitudes de licencias de obra menor sujetas al procedimiento ordinario será de un mes a contar desde la fecha en que la documentación completa tenga entrada en el registro municipal correspondiente, excepto para el supuesto de aquéllas que afecten a inmuebles catalogados, consideradas como licencias de intervención según la legislación urbanística, que será de tres meses.

2.- El procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado cuando la solicitud vaya acompañada de los documentos indispensables para dotar de contenido la resolución. Las deficiencias documentales menores notificadas suspenderán el transcurso de los plazos para el otorgamiento de la licencia según lo dispuesto en la normativa urbanística vigente que resulte de aplicación.

3.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa supondrá la concesión de la licencia por silencio administrativo, excepto las licencias de intervención en edificios catalogados, o en trámite de catalogación.

4.- En ningún caso se entenderán otorgadas por silencio administrativo, licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico, Programas, Proyectos u Ordenanzas.

Artículo 20.- Condiciones a las que se sujetan las actuaciones comunicadas.

Para el supuesto de que se siga el procedimiento de actuaciones comunicadas, el interesado que efectúa la comunicación, además de las obligaciones del artículo 5, excepto las contempladas en las letras a) y b), se sujetará a las condiciones que se citan a continuación, a las que prestará su conformidad en el mismo momento en que realice dicha comunicación:

a) No podrá iniciar la obra antes de que transcurran diez días, a contar desde el día siguiente a la fecha de entrada de la documentación completa en el registro de la Junta Municipal correspondiente, y hasta transcurrido un mes si tiene entrada en cualquier otro registro municipal.

b) La comunicación tendrá vigencia por un plazo de 6 meses desde que se diligenció con el “conforme” por el Ayuntamiento de Valencia, debiendo iniciar las obras en dicho plazo y concluirlas en el plazo previsto en la correspondiente comunicación, salvo paralización por fuerza mayor o justa causa.

c) Únicamente se podrán ejecutar las obras descritas. Si se realizan otro tipo de obras que no son las expresamente contempladas deberá solicitarse la correspondiente licencia, sin perjuicio de las sanciones oportunas que puedan imponerse previa tramitación de expediente sancionador por infracción urbanística.

d) Esta comunicación no surtirá efecto si con ella se pretende llevar a cabo una ocupación de dominio público.

e) El interesado deberá tener a disposición de los Servicios Municipales la comunicación con la diligencia de “conforme”, facilitando el acceso a la obra al personal de dichos Servicios para inspecciones y comprobaciones.

f) En la realización de los trabajos se estará obligado a reparar los desperfectos que como consecuencia de las obras se originen en las vías públicas y demás espacios colindantes y a mantener éstos en condiciones de seguridad, salubridad y limpieza.

g) Se cumplirán cuantas disposiciones vigentes sean de aplicación en materia de edificación, seguridad y salud en las obras de construcción. Esto quiere decir que según circular de la inspección de trabajo será necesaria la designación de un coordinador de seguridad.

INSTALACIÓN DE ANDAMIOS

1.- El itinerario peatonal protegido, tanto en lo que respecta a las dimensiones mínimas, como a su composición, protección y señalización, se ajustará a lo establecido en el artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad en el Medio Urbano de Valencia.

2.- En caso de montar marquesinas voladas sobre la calzada, éstas deberán tener un

gálibo mínimo de 4’50 metros.

3.- Si el andamio invade calzada o, aún quedando sobre la acera, se encuentra a menos de 30 cm de aquélla, deberá señalizarse con barreras de seguridad tipo bionda o similares, perfectamente balizadas.

4.- Todos los elementos estructurales, auxiliares o de protección deberán tener la suficiente capacidad mecánica para resistir los esfuerzos a los que pueden estar sometidos.

5.- Sólo serán autorizables aquellas instalaciones de andamios, en la vía pública, que

cuenten con redes de protección u otros sistemas, que tanto horizontal como verticalmente, impidan que ningún objeto, herramienta o material puedan caer o proyectarse a la vía pública.

6.- En ningún caso la instalación del andamio dificultará la visibilidad de la señalización de tráfico en general, tales como los semáforos, placas y señales informativas, ni se impedirá el acceso a elementos de control del propio tráfico, tales como armarios, reguladores, detectores o a los mismos semáforos.

7.- Las redes de protección no deberán ofrecer resistencia al viento, para que no generen esfuerzos estructurales no previstos en el diseño y montaje del andamio.

Artículo 33.- Documentación para andamios.

Las solicitudes de autorización para ocupar la vía pública con andamios de obra deberán acompañarse de la siguiente documentación:

1.- Plano de planta viaria que se proyecta ocupar con la instalación, visado por el colegiooficial correspondiente, con acotamiento de la acera y calzada (ancho del andamio, distancia a fachada y al bordillo, etc.), y con indicación del edificio donde se sitúa.

2.- Planos de alzado y Sección, visados por el colegio oficial correspondiente, que definan claramente el andamio, su altura, las afecciones a la vía pública, medidas de seguridad aplicadas, itinerario peatonal protegido, señalización en general y del obstáculo en calzada si lo hubiera, etc.

3.- Memoria visada por el colegio oficial correspondiente que complete la documentación técnica y que describa el sistema de montaje y fijación, anclajes, posibles afecciones sobre el pavimento o construcciones bajo rasante si las hubiera, mobiliario urbano, alumbrado público, paradas de transporte público, jardinería, señalización viaria u otros elementos existentes en la vía pública así como descriptiva de la señalización, pasos cubiertos, redes de protección y otros sistemas a instalar, que tanto horizontal como verticalmente, garanticen que ningún objeto, herramienta, material o elementos del propio andamio puedan caer o proyectarse a la vía pública.

4.- Certificado visado por el colegio oficial correspondiente de que la totalidad de lo proyectado se ajusta al Real Decreto 1627/97, sobre Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y demás normas de obligado cumplimiento.

5.- Plazo estimado de permanencia de la instalación.

6.-En el caso de que no se solicite conjuntamente con la licencia de obras menores datos identificativos de la misma (número de expediente o similar).

7.- Justificante acreditativo de haber realizado, en su caso, el ingreso previo de la tasa

correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal vigente.

Artículo 34.- Documentación para vallados de protección de obra.

Las solicitudes para la instalación de vallados de protección de obra y elementos auxiliares (tubos de escombros, poleas, montacargas, etc.) se acompañarán de los siguientes documentos:

1.- Plano de planta con ocupación de la vía pública, acotando los anchos de calzada y

aceras, superficiando la zona a ocupar, grafiando mobiliario urbano o cualquier elemento que provoque el estrechamiento del paso peatonal.

2.- Informe de seguridad de la instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente.

3.- Memoria descriptiva del tipo de elemento a instalar.

4.- Superficie a ocupar con el vallado.

5.- Tiempo de permanencia previsto.

6.- Datos identificativos de la licencia de obra (número de expediente o similar).

7.- Justificante acreditativo de haber realizado, en su caso, el ingreso previo de la tasa

correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal vigente.

En todos los casos en que se soliciten montacargas, tubos de escombros, poleas o elementos similares, deberá solicitarse conjuntamente con los mismos la instalación de un vallado de protección, a no ser que se hubiese obtenido anteriormente autorización para el citado vallado, de manera que se instalen en el interior del mismo los elementos afectados.

Artículo 37.- Especialidades para la instalación de andamios.

1.- Una vez instalado el andamio, deberá aportarse certificado final de seguridad y estabilidad de la instalación suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, y ello referido tanto a la obra como a la afección de la instalación a los peatones y cosas.

Dicho certificado deberá presentarse dentro del plazo de los 7 días siguientes a la finalización del montaje, requisito éste que condiciona la eficacia de la licencia concedida e impide, en consecuencia, la puesta en uso del andamio hasta su presentación y aceptación por la Administración.

2.- Previo a la retirada de los andamios y cualquiera que fuese su causa, deberá mediar informe de técnico responsable de la seguridad, sobre la ausencia de peligro razonable de la obra o inmueble afectado.

Artículo 43.- Clasificación de las infracciones por ocupación del dominio público.

Las infracciones a la presente Ordenanza Municipal por ocupación del suelo, subsuelo o

vuelo perteneciente al dominio público, se clasificarán en leves, graves y muy graves.

a) Son infracciones leves:

1.- La ocupación del dominio público autorizad

INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN VALENCIA( ITE)

2009-02-25T20:25:35+01:00

La I.T.E. o Inspección Técnica de Edificios, consiste en un informe redactado por un técnico competente contratado por la propiedad, siempre a su libre elección, y visado por el Colegio Profesional correspondiente, que recogerá el estado de, la estructura y cimentación, las fachadas, cornisas, marquesinas y todo elemento constructivo de riesgo, las cubiertas y azoteas, las instalaciones de fontanería y saneamiento y electricidad, y las humedades y grietas.
Este tramite debe realizarse al menos cada 5 años. La necesidad de llevar a cabo una Inspección Técnica del Edificio es una obligación legal impuesta sobre los propietarios de los edificios de la provincia de Valencia que viene reflejada en la Ley 16/ 2005 Ley Urbanistica Valenciana.

Según el Artículo. 207, “Inspección periódica de construcciones" de la citada Ley.

"La inspección técnica de edificios se llevará a cabo por técnicos competentes o por entidades de inspección técnica homologadas y registradas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa autonómica y estatal aplicable."

Se pretende que los propietarios y usuarios de las viviendas consigan mantener las edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, fomentando asimismo, la conservación de sus elementos esenciales. Esta responsabilidad que se impone a los propietarios pretende obtener el correcto funcionamiento y seguridad de los inmuebles desde la prevención, ya que con la prevención se reduce el coste del mantenimiento del inmueble en correcto estado de uso, por la que la ITE no debe entenderse como un incremento del gasto, ya que prevenir es siempre más barato que reparar.

La ley señala que los resultados de la inspección «se consignarán en un certificado que describa los desperfectos apreciados en el inmueble, sus posibles causas y las medidas prioritarias recomendables para asegurar su estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para mantener o rehabilitar sus dependencias». Además, se debe dejar constancia «del grado de realización de las recomendaciones expresadas con motivo de la anterior inspección periódica».

Para que el certificado sea válido, la ley establece que se debe remitir una copia al Ayuntamiento y otra al colegio profesional correspondiente. Asimismo, de acuerdo con la normativa, el Consistorio «podrá exigir de los propietarios la exhibición de los certificados actualizados de inspección periódica de construcciones». Si estas no se han efectuado, «podrá realizarlas de oficio a costa de los obligados».

Según la ley, los ayuntamiento podrán condicionar las licencias de obra y de ocupación a la realización de inspecciones. Para ello, sin embargo, es necesario una ordenanza. Sin esta regulación municipal, «no se puede exigir una certificación de la ITE ni se puede tramitar», por lo que «nadie la lleva a cabo», explica Brotons.

La propiedad del edificio habrá de poner en manos del técnico los medios necesarios para la correcta realización del estudio del edificio.

Dicho informe será entregado al la propiedad para su entrega en el Registro de la Administración Municipal, haciendo constar si la Inspección resulta favorable o desfavorable.Según la ley vigente el propietario estará obligado a mantener el buen estado de su propiedad, permitir las reformas necesarias y no imponer mejoras innecesarias. Además, debe contribuir al fondo para obras de conservación y reparación de la finca.

Asimismo, la comunidad podrá contratar un seguro para el inmueble y tendrá la obligación de actualizar el libro del edificio, que será conservado por el presidente a disposición de los usuarios. Si no se lleva a cabo esta última tarea, podrá acarrear sanción leve o grave, dependiendo de si la negligencia ha ocasionado algún daño.

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN VALENCIA

2009-02-23T16:51:03+01:00

Arquitecnica Ruzafa ofrece asesoramiento y gestión de los expedientes de ayudas a la rehabilitación.

Hablamos de una línea de ayudas para rehabilitación de los elementos comunes de los edificios de viviendas. Se podrán obtener ayudas objetivas para las comunidades debidamente constituidas, que así participen en el mantenimiento del parque de edificios en adecuadas condiciones, contribuyendo al desarrollo sostenible. Todo ello sin perjuicio de las ayudas que se puedan solicitar a título personal.

La rehabilitación de elementos comunes de los edificios requerirá necesariamente la constitución de la comunidad de propietarios conforme a lo establecido en la ley sobre propiedad horizontal, salvo en aquellos edificios de cuatro o menos viviendas, incluidos en municipios de ámbito rural de menos de 2.000 habitantes o con las mismas características incluidos en cascos históricos delimitados por el planeamiento, que se asimilarán a los edificios de tipología rural, correspondiéndoles dichas ayudas.

1 ¿QUÉ TIPO DE OBRAS PUEDEN ACOGERSE A ESTA LÍNEA?

La Rehabilitación de los elementos comunes de edificios o rehabilitación parcial, tendrá por objeto llevar a cabo determinadas obras que se ajustarán a los siguientes tipos:

�� Seguridad estructural y estanqueidad de edificios (patologías):

�� Son aquellas obras motivadas por patologías en elementos estructurales cimentación, pilares, forjados, estructura de cubierta, vigas, voladizos,...) que afectan a la estabilidad, solidez y seguridad del edificio.

�� Las patologías en forjados derivadas del uso del cemento aluminoso, que afecten a la estabilidad, solidez y seguridad, es otro caso de patología. Son aquellas obras que tiene por objeto la reparación de forjados, en aquellos edificios de viviendas construidos entre 1950 y 1980, y que se haya acreditado la existencia de la patología mediante el Informe de Conservación del Edificio, elaborado por la Consellería competente en materia de vivienda.

�� Se podrán proteger las deficiencias constructivas en elementos comunes, de carácter funcional, (fachadas, medianeras, u otros cerramientos que conformen la envolvente del edificio, zaguanes, escaleras, etc.) que afecten a las condiciones de estanqueidad frente a la lluvia y humedad, servicios generales, seguridad frente a accidentes, reparación de dinteles, saneado de balcones, sustitución o reparación de carpintería y barandillas.

�� Se podrán reparar con ayudas las deficiencias en fachadas, debidas al deterioro de revestimientos, o mejora del ornato, cuando se actúe mediante un tratamiento superficial.

�� Se podrán reparar las deficiencias en cubiertas debidas al deterioro de sus componentes, en dos supuestos: excluyendo la intervención en elementos estructurales, o con intervención en los mismos.

�� Adecuación de las instalaciones comunitarias del edificio, derivada del estado de deterioro de las mismas, de sus materiales obsoletos, y que ya no están adaptadas a las necesidades actuales, como puedan ser las instalaciones de:

�� Saneamiento y evacuación de aguas pluviales.

�� Abastecimiento de agua.

�� Suministro de electricidad y centralización de cuadros y contadores.

�� Suministro de gas canalizado.

�� Instalaciones de telecomunicaciones.

Igualmente se considerará protegible la adecuación de las instalaciones de Protección contra incendios, así como las instalaciones relacionadas con la reutilización y reciclaje de residuos.

�� Mejora de las condiciones de accesibilidad física y supresión de barreras

arquitectónicas, para ello se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones:

�� Nueva instalación de ascensor y creación de un itinerario peatonal practicable que posibilite el acceso desde la calle a la vivienda a las personas con movilidad reducida.

�� En su caso renovación y adaptación del ascensor a la normativa vigente, o colocación de otros medios mecánicos, para que sean utilizables por personas con discapacidad.

�� Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en los edificios de viviendas.

En la medida en que se lleve a cabo la transposición de la Directiva 2002/91/CE sobre

eficiencia energética y los instrumentos adecuados para determinar las características y requisitos para la acreditación de las obras de mejora en eficiencia energética, mediante la aprobación de la Orden correspondiente del Ministerio de Vivienda y lo que a tal efecto se regule por la Generalitat, las actuaciones protegibles podrán incluir las obras relativas a:

�� Mejorar el ahorro de energía y aislamiento térmico, mediante obras de mejora del

aislamiento térmico en fachadas, medianeras u otros cerramientos, que conformen la

envolvente del edificio.

�� Obras que mejoren la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, mediante la implantación de sistemas de energías alternativas para la obtención de agua caliente sanitaria y/o energía eléctrica, como placas de energía solar, u otros sistemas energéticos emergentes que fomenten el ahorro energético y reduzcan la emisión de CO2 en los edificios.

�� Mejorar la protección contra el ruido, mediante obras de mejora del aislamiento acústico para posibilitar el desarrollo de las actividades satisfactoriamente.

CONDICIONES GENERALES

La comunidad estará debidamente constituida y el representante de la misma llevará a cabo el expediente de rehabilitación.

Aquellos edificios de más de 25 años que quieran acceder a las ayudas de rehabilitación deberán aportar previamente el Informe de Conservación del Edificio para elementos comunes. Dicho informe podrá ser subvencionado en su totalidad con cargo a la Generalitat.

�� De la vivienda y las obras:

�� El edificio tiene una antigüedad superior a 25 años.

�� El presupuesto protegido de la actuación, es superior a 1.500 € por vivienda.

�� Las obras no se podrán iniciar hasta la obtención de la calificación provisional.

�� No se amplía la superficie útil de las viviendas.

�� No se elimina la fachada, ni se realiza el vaciado total del edificio, entendiéndose por tal el derribo de más del 50% de la superficie construida.

�� Las obras pueden obtener la Licencia municipal de edificación.

�� El máximo presupuesto protegible no superará el siguiente límite: superficie útil de las viviendas x el 70% del Precio Básico Nacional vigente para cada año.

�� Si la vivienda tuviera más de 120 m2 útiles, solo se tendrán en cuenta 120, si fuera inferior, se calculará con la superficie real. Los locales podrán participar en la rehabilitación de los elementos comunes con un límite de 120 m2 útiles, como si se tratara de una vivienda más, si así se establece en el régimen de comunidad.

�� La comunidad beneficiaria de las ayudas cumplirá los siguientes requisitos:

1. Destino: El edificio se destinará a residencia habitual y permanente de sus usuarios durante al menos 5 años desde la finalización de las obras. A tal efecto se entenderá que al menos el 70% de las viviendas del edificio han de estar ocupadas, lo que se acreditará mediante el certificado de empadronamiento, que podrá ser colectivo, para todos los residentes empadronados en el inmueble.

2. Ingresos: No hay limitación de ingresos para la rehabilitación de los elementos comunes, ya que se trata de ayudas objetivas a la comunidad. Sí habrá limitaciones de ingresos para aquellos usuarios que soliciten ayudas a título individual.

3. Ayudas anteriores: La comunidad no puede haber obtenido previamente ayudas financieras para la rehabilitación del mismo edificio por el mismo concepto, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la ayuda.

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PROMOVIDA POR LA COMUNIDAD.

Las ayudas para la rehabilitación de elementos comunes del edificio consisten en un préstamo y subvenciones a fondo perdido, que se calculan como un porcentaje del gasto real realizado, si bien existen unos topes aplicables.

4 TIPOS DE AYUDAS

o Ayuda de la Generalitat.

o Ayuda del Ministerio.

o Préstamo convenido.

o Ayudas del Ayuntamiento de Valencia

Las ayudas de la GENERALITAT a las comunidades de propietarios son OBJETIVAS, por lo que según el tipo de obras a realizar se concederá un porcentaje de esa parte del presupuesto, hasta alcanzar los limites establecidos por vivienda.

Las ayudas del MINISTERIO a las comunidades de propietarios son OBJETIVAS y consistirán en una subvención calculada como un porcentaje del presupuesto, hasta alcanzar los límites establecidos por vivienda.

También se puede acceder a un PRÉSTAMO CONVENIDO, que permitirá hacer frente a los gastos de las obras, si bien como regla general, el importe del préstamo mas el importe de las subvenciones no excederá del presupuesto protegido de las obras, por lo que las diferentes cuantías se ajustarán a las necesidades de la comunidad.

Características del Préstamo:

�� El importe del préstamo convenido no superará el importe del presupuesto protegido.

�� El plazo máximo de amortización será de 15 años.

�� El tipo de interés vigente para cada año.

�� Podrán obtener préstamo convenido para financiar la actuación de rehabilitación todos los titulares u ocupantes de las viviendas, al margen de sus ingresos familiares.

Además de las ayudas que se señalan para la comunidad, se podrán solicitar las ayudas personales de los vecinos que cumplan las condiciones particulares de cada caso.

PROYECTOS DE APERTURA CASALES FALLEROS VALENCIA

2009-01-27T16:26:23+01:00

REGULACIÓN LICENCIAS DE APERTURA CASALES

La eterna polémica entre el descanso de los vecinos y la diversión de los falleros, comparsas, collas y el resto de colectivos festeros vuelve a la palestra de la actualidad. La Conselleria de Gobernación está trabajando conjuntamente a todos ellos en la elaboración de una normativa para los locales de estas agrupaciones. El objetivo es conseguir el máximo consenso, pero hay tres condiciones que deberán cumplir estos lugares, estar insonorizados, respetar un horario de cierre y contar con salidas de emergencia, según aseguraron ayer desde Gobernación.

La pretensión es obtener un texto, añadieron, "que aune el respeto a la fiesta, pero también el descanso de los vecinos". Por este motivo, están manteniéndose reuniones con "Ayuntamientos, falleros y demás organizaciones festeras", con la finalidad de que el documento sea lo más acertado posible.

En la actualidad, los falleros de la Comunitat desarrollan su actividad a lo largo del año en unos 900 casales, de los que la inmensa mayoría carecen de licencia de apertura por lo que las puertas para un hipotético cierre están abiertas. Las denuncias de vecinos ya han obligado a Ayuntamientos como el de Aldaia, Gandia, Xàtiva o Torrent a clausurar locales festeros precisamente porque no tenían este permiso.

El colectivo fallero quiere acabar con esta situación de indefensión y, por ello, las juntas locales de fallas de la Comunitat, reunidas la noche del lunes en Gandia acordaron en una reunión que se prolongó hasta la madrugada de ayer, emplazar a la Generalitat para que regule las características de estos locales con el fin de que sean legales.

Estos locales se rigen actualmente por la Ley de Espectáculos Públicos de 2003 que, entre otras cosas, determina que los establecimientos no pueden pasar de una determinada cifra de decibelios, disponer de puertas de emergencia y un horario para quitar la música (a las dos de la madrugada).

En todo caso, se trata de un asunto complejo porque no sólo afecta a los casales falleros sino a todos los locales festeros como los de los Moros y Cristianos, las colles y Gaiates de Castellón y las Fogueres de Alicante.

HISTORIA DEL ARQUITECTO TECNICO

2009-01-19T15:43:31+01:00

La denominación profesional, que no la titulación académica, de los aparejadores se recoge en la abundante documentación de las grandes obras de nobles y reyes de mediados del siglo XVI.

En aquel momento, la formación de los maestros u oficiales especialmente capaces se derivaba de los conocimientos y de la práctica de los diversos gremios u oficios de la construcción, aunque hay en todos ellos mucho de autodidacta, y su primera acepción profesional es la de técnicos y ejecutores de la estereotomía de la piedra.

La cualificación de aparejador es otorgada ante la demostración de la práctica profesional por el reconocimiento jerárquico de los maestros mayores. Aún antes del siglo XVI se les exigía a éstos y a los aparejadores la demostración de sus conocimientos técnicos ante un tribunal integrado por los mejores artistas y que eran peritos en Arquitectura, Escultura y Pintura. Pero los exámenes y sus calificaciones con comentarios por parte del Tribunal que, como primer antecedente de 'oposiciones' de aparejadores, he tenido la posibilidad de encontrar se refieren a las que ganó Francisco de Potes, que en abril de 1620 fue seleccionado por un Tribunal para ocupar la plaza de aparejador de las obras reales de la Alhambra de Granada. Entre sus merecimientos, la brillantez demostrada en las pruebas teóricas y prácticas y el hecho de que ya era maestro mayor de la Orden de Alcántara.

Los primeros señalamientos de trabajos y deberes de los aparejadores aparecen en el siglo XVI, dictados normalmente por Reales Cédulas para obras singulares de nobles y reyes. Un ejemplo curioso pudieran ser las instrucciones que dio Felipe II para las obras del Alcázar de Segovia y que el citado Amancio Portabales investigó en el archivo del Palacio Nacional:

"La orden que es nra. voluntad se guarde y cumpla de aquí adelante en la prosecusión del Alcázar de la Ciudad de Segovia y demás casas reales del bosque de Balsaín y puerto de La Fuenfría entretanto que no proueyéremos y mandáremos otra cosa en contrario, es la siguiente:

1. Primeramente el maestro mayor o aparejador que es o fuere de las dhas. obras continuará las que al presente tenemos mandado o mandáremos hazer...

2. El dho. mayor o aparejador... dará con tiempo memorial, firmado de su nombre, al dho. veedor de los demás materiales y pertrechos que se huuieren de comprar, declarando el género, cantidad y calidad dellos.

5. El dho. maestro mayor o aparejador eligirá y recibirá los oficiales que fuesen menester... los jornales que huuieren de auer los concierten el dho. veedor y maestro mayor o aparejador.

7. Y porque las chas. personas no dexen de continuar las obras en que trabajasen mandamos que el dho. maestro mayor o aparejador tenga hecha y prevenida la traga y orden de lo que se huuiere de hazer...

10. ... habrá en la dha. casa real vna arca de tres llaves diferentes... la una llaue terná el veedor y la otra el dho. maestro mayor o aparejador y la otra terná el dicho pagador...

17. Y mandamos a nuestros cobradores de cuentas que reciban y passen en descargo al dho. pagador todo lo que por nóminas i libranças firmadas de los dhos. veedor y maestro mayor o aparejador, y en falta de dho. maestro mayor o aparejador, el capellán de la dha. casa...

19. Todo lo que el dho. tenedor de materiales diese para el gasto y servicio de las dhas. obras lo dará con orden por escrito firmada del dho. maestro mayor o aparejador...

21. Y mandamos a los dhos. veedor y maestro mayor o aparejador que de quatro en quatro, sin dilatarlo más, se junten y tomen qta. al dho. tenedor de materiales de todo lo que fuere a su cargo..."

Da otras providencias sobre ciertos arreglos que tendrán que hacerse con intervención del maestro mayor, o del aparejador a falta de aquél.

"Y por esta Instrucción se prohíbe a los oficiales y a todos los que lleven salario, vendan granos, tengan taberna o compañía con los tales, y no se reúnan con quien los vendiese y no se reciba ninguna dádiva de los extraños que pretendieran comerciar con los oficiales y demás laborantes ..."

Fecha en Madrid a veynte y dos de julio de mil quinientos setenta y nueve años. -Yo el Rey.- Por orden de Su M. - Martín de Gaztelu.

Es curioso observar hoy que el modelo de ejercicio libre de la profesión, en disminución numérica, cede paso al proceso irreversible de salarización. Como en los orígenes, el aparejador es un trabajador técnico -a caballo entre el intelectual y la mano de obra pura- al servicio de la propiedad y bajo su dependencia -nobles y reyes- en forma asalariada. Podría considerarse en muchos casos como funcionario y precedente del técnico al servicio de la administración, cuando su patrón es el Estado, o el jefe de obra al servicio del promotor o constructor, ya sean las órdenes religiosas o los nobles que levantan sus palacios.

A partir de 1757, fecha en que se crea la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, como resultado de un largo proceso de evolución socio-profesional, el modelo gremial del maestro constructor va siendo sustituido por otro de división del trabajo caracterizado por la profesionalización del arquitecto-artista diseñador de la obra. En esta estructura organizativa, los aparejadores se sitúan en un estrato socio-profesional jerárquicamente superior al orden gremial al que tratan de sustituir y, en numerosas ocasiones, se promocionarán a la categoría de maestros mayores o arquitectos de las grandes obras reales.

El 24 de enero de 1855, el denominado Decreto Luján instituye el título de aparejador en sustitución del de maestro de obras. Y es que, desde la creación de la Academia y durante todo un siglo, se reproducen las disputas por las atribuciones profesionales surgidas en épocas anteriores entre los maestros de obras y los arquitectos.

Los arquitectos recaban para sí la exclusividad en el proyecto y dirección de las obras que les conferían las Reales órdenes de septiembre de 1845 y 31 de diciembre de 1853, excepto en localidades de menos de 2.000 habitantes y en las demás en que no hubiese arquitecto. Mientras, los maestros de obras pretenden que tal exclusividad de actuación del arquitecto se reserve a las obras oficiales y monumentales, rigiendo para el resto los principios de libre competencia de intervención profesional.

El Estado resolvió el conflicto con la anulación del título de maestro de obras, sustituyéndolo por otro de nuevo cuño oficial, el de aparejador, que no podría exigir derechos ni prerrogativas adquiridas, porque tenían bien probado anteriormente la subordinación de sus actividades a las de los arquitectos.

La Reforma Luján produjo una fuerte reacción por parte de los maestros de obras, cuya profesión veían en peligro de desaparición. Y sólo dos años más tarde, por la denominada Ley Moyano (1857), se reimplantó la enseñanza y el título de maestro de obras, al mismo nivel profesional que el aparejador.

Un Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 22 de julio de 1864, pretendía deslindar -y decimos pretendía, porque ya desde entonces resultaban indefinidas- las atribuciones de arquitectos, aparejadores y maestros de obras en su intervención en el proceso edificatorio. Fruto de la lucha corporativa entre maestros de obras y arquitectos, que se reproduce constantemente hasta 1871, año en el que se suprime el título de aparejador como cualificación profesional, es el Decreto de 8 de enero de 1870, que deroga el del 64 en lo concerniente a las funciones de los maestros de obras, cuya intervención en las construcciones oficiales queda equiparada a la del arquitecto. Esta situación cambiará radicalmente sólo un año después en favor del arquitecto.

La reimplantación oficial del título de aparejador se produce por un Decreto del 20 de agosto de 1895. Sin embargo, las atribuciones que les corresponden no se fijan hasta 1902, 1905 y 1912. En el Decreto de 1895 se dispone que los estudios correspondientes se realizarían en las Escuelas de Artes y Oficios.

Precisamente es en la R.O. de 5 de enero de 1905 donde por primera vez se plasma documentalmente el logro político de un órgano corporativo de esta profesión: la entonces existente Sociedad Central de Aparejadores, a cuya solicitud, como se reconoce oficialmente, se dicta la norma por la cual los aparejadores con título profesional tendrán "derecho preferente para ocupar los cargos de Aparejadores de las obras que dirijan los Arquitectos del Gobierno dependientes de los Ministerios".

Estamos citando solamente aquellas disposiciones oficiales que históricamente se han producido para los aparejadores directamente, bien sea únicamente para esta profesión o conjuntamente y en relación a otras. Pero aparte de ellas, en todos estos años se produce una abundante legislación que trata de regular la intervención en distintos tipos de obras de ingenieros de caminos, industriales, ingenieros militares, ayudantes de obras públicas y, especialmente, arquitectos.

La intervención obligada del aparejador en todas las obras dirigidas por arquitectos del Estado, provincia o municipio, cuyo, presupuesto supere las 15.000 pesetas, máxima aspiración corporativa de la época, se logra en 1919 (R.D. de 28 de marzo), estableciéndose que, en las poblaciones donde no exista arquitecto, los aparejadores podrán proyectar y dirigir toda clase de obras cuyo presupuesto no exceda de 10.000 pesetas, salvo las de reparación, en que no se dé modificación de estructura y del aspecto exterior de las fachadas.

La responsabilidad civil o criminal en que puede incurrir el aparejador, derivada de su actuación a las órdenes del arquitecto, es aludida por primera vez en este Real Decreto.

Es curioso observar cómo a lo largo de bastantes años debió ser una aspiración de los aparejadores el reconocimiento legal de una determinada capacidad de diseñar y proyectar, posibilitada en épocas por la falta de interés de los arquitectos por obras de escasa cuantía económica y localizadas en lugares que exigían desplazamientos. Esta aspiración de los aparejadores estuvo a punto de ser atendida en los momentos de la polémica promulgación de las atribuciones de los arquitectos técnicos en los años 70 y posteriormente confirmada en la Ley 12/86, que confiere a nuestra profesión la facultad de proyectar determinado tipo de obra. Aunque en el Primer Congreso Nacional de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, celebrado en octubre de 1976 en Torremolinos, el 82 por ciento de los votos emitidos por los asistentes rechazó la petición de la facultad de proyectar, los criterios actuales no son idénticos. Pese a ello, prevalece la vocación técnica del colectivo, que se confirmó durante la celebración del Segundo Congreso Nacional que la profesión celebró en Granada en febrero de 1994 y que culminó tres años después con la organización de la Convención Técnica y Tecnológica de la profesión (CONTART 97), que tuvo como escenario la capital malagueña, y en la que quedó plenamente demostrado el compromiso de la Arquitectura Técnica con el progreso de la edificación a través del debate técnico.

En responsabilizarnos de la fase de construcción o ejecución material de las obras es donde la sociedad parece que demanda nuestros servicios, aunque actualmente se han abierto nuevos horizontes de trabajo para esta profesión. La probada necesidad de tecnificación y titulación del constructor, intentada ya incluso por el antiguo Sindicato de la Construcción y contemplada esta figura como necesaria en el Libro Blanco de la Edificación (MOPU, julio 1978), se intuía ya en el año 1934, según puede deducirse de la lectura del Decreto del 9 de mayo: "... el aparejador es el perito de materiales y de construcción, es decir, el técnico constructor de obras que, bajo la dirección del arquitecto, ha de intervenir en la ejecución de las obras de arquitectura. La función técnica del aparejador tiene dos aspectos, como técnico constructor y como delegado del arquitecto director de las obras". Es de suma importancia la aparición de la figura del ‘técnico constructor' que, si el nivel tecnológico de aquellos años ya demandaba, cabe imaginar lo necesario que es hoy, al filo del año 2000, tiempo en el que todavía, legal y realmente, puede construir cualquiera con sólo disponer de unos medios materiales entre los que no se exige preparación y conocimientos técnicos de ninguna especie. Y si bien esto, a partir de una determinada importancia de la empresa constructora, está resuelto en la práctica por la contratación de técnicos, es cierto que siguen siendo frecuentes el constructor o promotor‑constructor que realizan obras personalmente sin preparación académica y sin ningún tipo de equipo técnico. Las consecuencias están desgraciada e irreversiblemente a la vista.

El citado Decreto de mayo del 34 intentaba solucionar un conflicto que se remontaba a dos años atrás cuando, en agosto de 1932, con la llegada de la 11 República, el Congreso de los Diputados decide tomar en consideración una Proposición de Ley por la que se reglamentan las atribuciones de los aparejadores con título oficial, estableciendo su intervención obligatoria en toda obra de construcción y atribuyéndoles, entre otras facultades, la de proyectar y dirigir obras cuyo presupuesto no excediese de 30.000 pesetas.

La propuesta es aprobada por la Cámara el 27 de diciembre, lo que provoca enfrentamientos y disturbios estudiantiles, entre ellos la huelga convocada por la Federación Unitaria de Estudiantes, el 31 de enero de 1933, y la protesta convocada el 13 de febrero por los alumnos de las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería de Madrid. Los huelguistas criticaron entonces las amplísimas facultades para proyectar y dirigir obras que se otorgaban a los aparejadores y forzaron la retirada del Proyecto de Ley de Atribuciones, lo que, a su vez, provocó las protestas de los aparejadores.

Una ponencia integrada por tres arquitectos y tres aparejadores recibe el encargo de redactar un Proyecto de Ley que sirva de base de discusión para acabar con los anteriores enfrentamientos. El resultado de esta labor se refleja en el Decreto de 9 de mayo de 1934, en el que se fijaba la intervención obligatoria del aparejador "en toda obra de nueva planta, de reforma, reparación, ampliación o demolición que se ejecute por contrata", y cuyo presupuesto no exceda de determinadas cantidades, según la tipología de las poblaciones.

El Decreto exige la intervención de un aparejador cuando el presupuesto sea inferior al establecido, pero su dificultad o responsabilidad exigiera su participación como contratista o representante técnico de la contrata, si ésta no estuviera integrada por un titular facultativo autorizado para la construcción.